ESENCIAL DEBATE: PROYECTO DE LINEAMIENTOS DE LA CRT ADVIERTE RIESGOS PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, emitido el pasado 25 de julio por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y actualmente en consulta pública, ha generado un debate entre especialistas en derecho sobre sus posibles implicaciones para la libertad de expresión y la autonomía editorial de los medios de comunicación en México.
De acuerdo con una opinión técnica elaborada por el Mtro. Leonardo Abarca Jiménez, socio director de Grupo UNO Abogados, algunos de los criterios planteados en el proyecto podrían abrir la puerta a que una autoridad administrativa intervenga en la valoración de contenidos informativos, lo que, desde su perspectiva, plantea cuestionamientos constitucionales.
El documento de la CRT permanece en proceso de consulta pública para recibir observaciones de concesionarios, especialistas y ciudadanos antes de su eventual aprobación.
CUESTIONAN FACULTADES DE LINEAMIENTOS CRT
Según el análisis jurídico presentado por Abarca Jiménez, uno de los principales puntos de discusión consiste en determinar si la legislación vigente en materia de telecomunicaciones otorga expresamente a la CRT la facultad de establecer qué información puede considerarse “falsa” o “descontextualizada”.
El especialista sostiene que esta atribución podría exceder las competencias regulatorias previstas por el legislador, al involucrar decisiones relacionadas con el contenido editorial de los medios de comunicación.
Desde esta perspectiva, el debate no se limita únicamente a aspectos técnicos de regulación, sino que alcanza temas relacionados con los límites constitucionales de actuación de los órganos administrativos.
PREOCUPA POSIBLE INTERVENCIÓN EN CONTENIDOS EDITORIALES
El abogado señaló que otro de los aspectos que genera inquietud es la posibilidad de que una autoridad administrativa deba valorar si una noticia cumple con criterios de veracidad o contexto.
A su juicio, ese tipo de determinaciones implican necesariamente un análisis del contenido periodístico y podrían traducirse en una intervención sobre las decisiones editoriales de los medios.
Indicó que cualquier mecanismo de lineamientos de este tipo debe analizarse cuidadosamente para evitar afectar el ejercicio periodístico y el derecho de las audiencias a recibir información desde distintas perspectivas.
CITAN GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Dentro de su opinión técnica, Abarca Jiménez recordó que el marco jurídico mexicano reconoce tanto el derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6 de la Constitución, como la protección a la libertad de expresión y la prohibición de la censura previa, contempladas en el artículo 7 constitucional.
Asimismo, señaló que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han emitido criterios en los que establecen que la protección de los derechos de las audiencias no debe convertirse en un mecanismo de censura o control indirecto sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación.
ADVIERTEN POSIBLES EFECTOS EN EL EJERCICIO PERIODÍSTICO
De acuerdo con el especialista, ambos derechos deben interpretarse de manera armónica para garantizar tanto el acceso a información como la libertad para difundir ideas y opiniones.
El análisis también plantea que, de establecerse mecanismos mediante los cuales una autoridad determine administrativamente si determinada información es falsa o descontextualizada, podrían surgir riesgos relacionados con la discrecionalidad en la aplicación de esos criterios.
A consideración del abogado, ello podría generar incertidumbre para periodistas, concesionarios y medios de comunicación al momento de ejercer su labor informativa.
Añadió que la veracidad de una noticia podría quedar sujeta a interpretaciones administrativas, situación que, desde su perspectiva, amerita un análisis amplio durante el periodo de consulta pública.
PROYECTO CONTINÚA EN CONSULTA PÚBLICA
Hasta el momento, los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias no han entrado en vigor y permanecen en etapa de consulta pública, procedimiento mediante el cual especialistas, organizaciones, concesionarios y ciudadanos pueden presentar observaciones y propuestas antes de la emisión de una versión definitiva.
El debate generado en torno al proyecto y sus lineamientos ha abierto diversas posturas sobre el equilibrio entre la protección de los derechos de las audiencias y la preservación de la libertad editorial y de expresión, tema que continuará siendo analizado conforme avance el proceso regulatorio.
Fotografías: Cortesía