VINCULAN A PROCESO A ROXANA “N”; PADRE DE VICENTE ACUSADO DE VIOLENCIA FAMILIAR
La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que el padre del menor Vicente cuenta con dos carpetas de investigación por violencia familiar, aunque precisó que dichos expedientes no están relacionados directamente con el proceso penal que enfrenta Roxana “N”.
De acuerdo con la titular de la Fiscalía General del Estado, una de las carpetas corresponde al año 2023 y ya se encuentra judicializada y próxima a audiencia intermedia, mientras que la segunda, iniciada en 2024, permanece en etapa de investigación.
La funcionaria indicó que durante la audiencia judicial se determinó que esos antecedentes no acreditan una afectación mental o emocional reciente que pudiera justificar los hechos investigados en perjuicio del menor.
AUDIENCIA DE ROXANA “N” SE EXTENDIÓ POR MÁS DE 16 HORAS
Andrade Ramírez informó que la audiencia de vinculación a proceso inició la mañana del 9 de mayo y se prolongó durante más de 16 horas, periodo en el que se expusieron antecedentes de investigación, indicios y argumentos tanto de la defensa como de la Fiscalía.
Al concluir la diligencia, el juez resolvió vincular a proceso a Roxana “N” por el delito de homicidio por comisión por omisión con dolo eventual, relacionado con la muerte del niño Vicente.
Además, el órgano jurisdiccional determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Respecto a los argumentos de la defensa sobre presuntos problemas psicológicos o emocionales de la imputada, la fiscal aseguró que hasta el momento no existen elementos que acrediten una condición de esa naturaleza.
“No hemos tenido ningún indicio de alguna situación mental o emocional que hayan impulsado estos hechos”, declaró.
La fiscal agregó que dentro de la investigación existen evidencias relacionadas con el estado emocional y mental de la acusada en horas previas al fallecimiento del menor, incluyendo publicaciones realizadas en redes sociales.
También señaló que se investigan posibles amenazas y conductas relacionadas con el uso del menor para causar afectación emocional al padre del niño.
Sobre las posibles sanciones, Andrade Ramírez explicó que el delito imputado contempla actualmente una pena mínima de ocho años y una máxima de 15 años de prisión, aunque advirtió que la clasificación jurídica podría modificarse conforme avance la investigación y se integren nuevos elementos o agravantes.
Fotografías: Juan Hernández